UNIDAD SEIS: LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

¿QUÉ ES?
Es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para dar seguridad al ciudadano y a su familia, así como garantizar el orden y la paz públicos
Una sociedad es más libre si y sólo si se sabe y se siente segura. Pero la seguridad no sólo está íntimamente vinculada con el objetivo esencial de que una comunidad determinada ejerza sus libertades y derechos, sino especialmente con el hecho de que, sobre esa base, esté en condiciones
de trabajar, invertir, convivir, compartir y producir prosperidad, bienestar general y calidad de vida familiar.
Por ello es que la seguridad pública es el más importante detonador de tranquilidad y paz social.

Certidumbre jurídica, justicia oportuna y seguridad pública son tres categorías de una misma intención gubernamental: hacer de este espacio que compartimos un sitio donde florezcan la solidaridad, el trabajo productivo y un ambiente más cordial.
El logro de este objetivo fundamental de una sociedad democrática es de tal manera prioritario que muy poco es posible conseguir si las autoridades no diseñan y ponen en marcha programas de seguridad fuertemente arraigados en la comunidad y en un marco de participación ciudadana amplio y decidido.
Salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad. El efecto de la lucha contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y denunciados. Es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los delitos.

Aún en las sociedades de alto bienestar individual y desarrollo social, se generan actos delictivos que el Estado debe perseguir, sancionar y, especialmente, prevenir.
Circunstancias internacionales favorecedoras de la violencia social y la delincuencia, así como la irrupción de fenómenos inéditos con profundas repercusiones en los esfuerzos globales de desarrollo de las naciones y por tanto en la estabilidad de las mismas, ilustran con nitidez la complejidad de los retos que directa o indirectamente encara hoy en día la seguridad pública en el orbe. Desde esta óptica, no resulta casual el incremento de los índices de delincuencia en México y el mundo, tal y como lo consignan las Naciones Unidas en su informe sobre el Desarrollo Humano de 1994. De modo simultáneo, circunstancias específicas de índole interna identificadas con deficiencias en los procesos de planeación y articulación de la política de seguridad pública, han contribuido a la agudización de dicha problemática. Así, el escaso énfasis en la prevención del delito, la ausencia de mecanismos de coordinación gubernamental y la manifestación de actos de corrupción, han sido fenómenos que limitan la eficacia de las estrategias nacionales de seguridad pública.

Desde la perspectiva exclusiva de la prevención, es posible afirmar que hasta la fecha se ha privilegiado el combate a los delitos consumados más que a la prevención de los mismos, por lo que es necesario intensificar campañas especializadas orientadas a la construcción de una auténtica cultura preventiva, cuyos propósitos no sean exclusivamente de corto plazo, y que a la vez se conciba de manera integral y contemple el concurso armónico de gobierno y sociedad.

En este contexto, en materia preventiva existen dos tipos de problemas que deben considerarse para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.

El primero se refiere a aquellos factores sociales que, por su origen y magnitud, corresponde atender de manera conjunta a los sectores público, privado y social.
Entre ellos destacan los siguientes:
a) Desempleo y subempleo.
b) Pobreza extrema.
c) Incremento de las adicciones.
d) Marginalidad.
e) Enfermedad.
f) Conflicto de valores culturales
g) Muertes violentas y accidentales.
h) Tráfico ilegal de drogas, armas de fuego, vehículos y auto partes.
i) Mayor violencia del entorno social, intrafamiliar y de las conductas delictivas.

El segundo problema se refiere a fenómenos institucionales cuya solución provendrá de la adopción de una nueva cultura general de prevención en el servicio público:

a) Disfuncionalidad policial y falta de técnicas de comunicación y gestión comunitaria.
b) Desconocimiento del civismo y del contenido de los bandos de policía y buen gobierno.
c) Improvisación y escasa normatividad en las faltas administrativas.
d) Limitada promoción institucional que propicie la participación de la sociedad en programas de prevención delictiva.
e) Escasa educación preventiva.
f) Deficiente gestión pública.
g) Limitación y trasgresión a libertades y derechos ciudadanos.
h) Impunidad y corrupción de servidores públicos.
i) Aislada protección asistencial y tutelar a víctimas, menores y ancianos.
j) Incumplimiento de los reglamentos de tránsito.
k) Deficiencias en los programas de adaptación y readaptación social.
l) Ausencia de estándares profesionales en materia de prevención y, en general, del trabajo policial preventivo.

La seguridad pública, sin duda alguna, constituye el reclamo social que más apremia respuestas claras y permanentes. Pero también entra en este punto la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de conocer el reglamento de Seguridad Pública de nuestra entidad, por tal motivo abordaremos el de nuestra ciudad de Saltillo.

Al no cumplir con el reglamento la persona se hace acreedora a una sanción. La sanción es un término, en Derecho, que tiene varias acepciones. En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, pueden haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas
Existe.
Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas leves (por ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos). Por el mismo motivo, comúnmente se suele relacionar la expresión sanción con la Administración pública (sanciones administrativas) y el término pena se deja para el ámbito del Derecho penal.

Existe en este ámbito lo siguiente:
a.- Amonestaciones: Es el llamado preventivo que algún miembro de cualquier cuerpo policiaco debe realizar en caso de que se amerite.
b.- Multa: Es un pago que se realiza por la falta cometida, esta puede ser desde uno hasta más días de salario mínimo.
c.- Arresto: También es conocido como privación de la libertad, el cual de inicio es por 36 horas.